¿Quién Viola el Derecho Internacional?

En un mundo donde el respeto al Derecho Internacional debería ser el pilar de las relaciones entre naciones, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela representa un desafío flagrante y sistemático a los principios fundamentales de la comunidad global. Maduro, quien ha perdido legitimidad en las urnas electorales, pero se aferra al poder mediante la represión y las amenazas, no solo ignora los acuerdos y convenios internacionales, sino que los pisotea con impunidad. Es él quien, ante la derrota electoral, recurre a las armas para intimidar a su pueblo, jactándose ramplonamente en tribunas públicas de que no entregará el poder usurpado “ni por las buenas ni por las malas”.

Esta seguidilla de incumplimientos no es un accidente, sino una estrategia deliberada para perpetuar un régimen autoritario que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes.

Comencemos por su desprecio hacia la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Maduro ha violado sistemáticamente este instrumento, diseñado para proteger la democracia en el hemisferio. La OEA ha documentado cómo su régimen ha alterado el orden constitucional, suprimido la oposición y manipulado elecciones, lo que llevó a la invocación de la Carta en múltiples ocasiones. El Secretario General de la OEA ha emitido informes detallados sobre la destrucción de los elementos democráticos bajo su mandato, culminando en el no reconocimiento de su legitimidad por parte del Consejo Permanente en 2019.

No contento con eso, Maduro se pasa por la suela de sus botas, el artículo 2 de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta convención, adoptada por las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado, exige cooperación internacional para prevenir y castigar actividades como el tráfico de drogas y la corrupción. Sin embargo, el régimen de Maduro ha sido acusado de facilitar redes criminales transnacionales, utilizando instituciones estatales para estos fines, en clara violación de sus obligaciones bajo este tratado.

Más grave aún es su infracción al Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional (CPI). Maduro y sus allegados están bajo investigación por crímenes contra la humanidad, incluyendo persecución política, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La CPI ha avanzado en esta pesquisa desde 2018, confirmando que el Estado venezolano ha utilizado sus aparatos de seguridad para reprimir disidentes, en un patrón que constituyen crímenes internacionales. Esta investigación no es un capricho; es la respuesta a miles de denuncias de abusos sistemáticos.

El régimen de Maduro también proporciona razones suficientes para activar el concepto de Responsabilidad de Proteger (R2P) de las Naciones Unidas. Este principio, adoptado en 2005, obliga a la comunidad internacional a intervenir cuando un Estado falla en proteger a su población de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes contra la humanidad. En la actualidad, más de nueve millones de venezolanos integran la diáspora más grande del mundo.

En Venezuela, el régimen ha perpetrado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, agudizando una crisis que justifica esta doctrina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado a Maduro como “ejecutor de Terrorismo de Estado”. En informes recientes, tanto de la CIDH, como de La Misión Independiente de determinación de los hechos (designada por la ONU el 27 de septiembre de 2019), condenan las prácticas represivas del régimen, incluyendo el uso de terror para silenciar a la oposición y perpetuar el poder autoritario. Para dictadores como Maduro la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU es “papel mojado”.

Finalmente, Maduro ha dado motivos sobrados para ser clasificado como terrorista, cabeza del Cartel de los Soles y articulador de bandas transnacionales. ¿Las pruebas? Los testimonios y delaciones de narcotraficantes actualmente presos y de militares que formaban parte del anillo más próximo a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, que están confesando detalles de esas andanzas delincuenciales ante tribunales de los Estados Unidos. Este cartel, integrado por altos funcionarios venezolanos, ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos, acusado de narcoterrorismo y corruptor de instituciones gubernamentales. Bajo su tiranía, Maduro ha convertido a Venezuela en un hub para el crimen organizado, colaborando con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

En el marco de la cumbre del G20 en Sudáfrica, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado a abrir espacios de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, enfatizando el respeto irrestricto al derecho internacional ante las crecientes tensiones derivadas de las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, como el despliegue naval en el marco de la iniciativa ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico, que ha provocado la cancelación de vuelos y acusaciones de violaciones a la soberanía regional. El presidente Sánchez, sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo, ha criticado implícitamente las acciones de la administración de Donald Trump por generar inestabilidad geopolítica, subrayando que “todos los Estados deben resolver disputas por vías pacíficas y equitativas, en defensa de la igualdad soberana y la no intervención, y recordando la importancia de alianzas como la CELAC-UE para afrontar desafíos globales sin recurrir a la fuerza unilateral”.

Es pertinente recordar que en los últimos años se han promovido y realizado 16 procesos de diálogos (el más reciente el diálogo de Barbados), negociaciones que involucraron a representaciones de la oposición como del régimen. Todos esos acuerdos han sido burlados por la dictadura que Maduro representa. Recordemos que también se conformó en Montevideo, Uruguay (2019), por instancias del Sr. Josep Borrell-para entonces Alto Representante de la Unión Europea-el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que incluía a países europeos y latinoamericanos, grupo que tendría como misión “encontrar una solución pacífica a la crisis política en Venezuela mediante el diálogo”. !¡Ya sabemos en qué terminó esa diligencia!

Al presidente Pedro Sánchez le debería quedar claro que, además de ilegítimo, es Maduro quien está al margen de la justicia internacional. Es el régimen de Maduro el que traiciona los valores democráticos de América, España y toda Europa, por ser un violador serial del Derecho Internacional. Es hora de que la comunidad global actúe con firmeza para restaurar la democracia en Venezuela y llevar a los responsables de todos esos crímenes ante la justicia.