Petróleo sin Libertad

Un reciente informe publicado por The Atlantic sostiene que los planes del presidente Donald Trump para “reactivar” la industria petrolera venezolana son ilusorios, costosos y anacrónicos. El diagnóstico técnico es, en buena medida, correcto. Pero el análisis falla —y gravemente— en el punto más importante: Venezuela no es un problema de mercado, sino un país secuestrado por un narcorégimen.

Reducir la tragedia venezolana a una ecuación de precios del barril, costos de extracción o rentabilidad corporativa no solo es insuficiente: es políticamente peligroso. El colapso petrolero no es consecuencia de ciclos del mercado ni de fatalidades técnicas, sino del expolio sistemático ejecutado por el chavismo-madurismo durante más de dos décadas. La destrucción de PDVSA no fue un accidente histórico ni una mala racha administrativa. Fue el resultado deliberado de la purga ideológica de su capital humano, de la militarización de la industria, de la conversión del petróleo en caja negra del crimen organizado y de la anulación total de los controles institucionales.

Hablar de Venezuela como un país “irrecuperable”, sin nombrar al responsable directo de esa inviabilidad, es una forma elegante de evadir la verdad. Venezuela no es riesgosa para invertir por supuestas “debilidades estructurales”; lo es porque no existe Estado de Derecho, porque la propiedad ha sido confiscada, porque los contratos carecen de valor jurídico y porque el poder real está en manos de una corporación criminal armada.

El error de fondo: petróleo antes que democracia

El informe sugiere —explícita o implícitamente— que Estados Unidos podría priorizar el acceso al petróleo venezolano y luego ocuparse del problema político. Esa premisa está profundamente errada. No existe reconstrucción petrolera posible sin una transición política real, verificable y democrática. No hay inversión seria sin seguridad jurídica. No hay estabilidad energética sin instituciones legítimas. Pretender lo contrario es repetir el mismo error que hundió al país: creer que el petróleo puede sustituir a la república.

Más preocupante aún es el tratamiento superficial del concepto de soberanía, reducido a una trampa argumental. La idea de que una potencia extranjera podría “administrar” Venezuela para garantizar el flujo petrolero no solo es inviable: alimenta la narrativa propagandística del régimen, que se presenta falsamente como defensor de la patria frente a amenazas externas.

La transición democrática no puede convertirse en refugio de los culpables, ni en un mecanismo de reciclaje del autoritarismo. Los verdugos no pueden ser premiados con indulgencia mientras las víctimas siguen privadas de sus derechos fundamentales: libertad, propiedad, expresión, salud, educación, salarios dignos. El derecho internacional, en demasiadas ocasiones, ha sido incapaz de servir como escudo ante semejante devastación.

En ese contexto debe entenderse la figura de Deisy Rodríguez: expresión de una lógica de contención, activada no para evitar el caos —que el propio régimen ha causado—, sino para impedir que ese caos se haga inocultable. Su papel es el de administradora del cautiverio de un país convertido en una gigantesca cárcel. Y un país secuestrado jamás será sanado.

Lo que el informe no se atreve a concluir

El texto acierta al señalar el colapso operativo de la industria, los costos astronómicos de su recuperación, la desconfianza de las grandes petroleras y el historial de confiscaciones. Pero evita decir lo esencial: mientras el régimen actual exista, cualquier plan petrolero es una fantasía, una forma de falsa normalización o de abierta complicidad.

Venezuela posee un potencial energético extraordinario: reservas probadas, pozos, cuencas y yacimientos plenamente identificados. Pero su recuperación exige inversiones masivas en mejoradores, taladros, proyectos de conversión profunda, infraestructura básica y red eléctrica. El crudo extrapesado venezolano (8–10° API) requiere procesos costosos —coquización, hidrocraqueo— para convertirse en crudo sintético comercializable. A ello se suman la perforación de nuevos pozos, los equipos de workover y un capital humano especializado que hoy escasea dramáticamente.

Nada de eso será viable sin un nuevo marco legal, comenzando por una Ley de Hidrocarburos moderna, orientada a convertir a Venezuela en un verdadero hub energético de las Américas.

El problema de Venezuela no es técnico. Es moral, político e institucional. Petróleo sin libertad es defraudar, usurpar y robar. Conviene decirlo con claridad: Venezuela no necesita primero petróleo para luego alcanzar la democracia. Necesita democracia para que el petróleo deje de ser una maldición.

Sin libertad, cada barril será saqueado. Sin justicia, toda inversión será rehén. Sin restitución institucional, cualquier “plan de rescate” será apenas otra forma de administrar el desastre. La comunidad internacional —y quienes analizan Venezuela desde la distancia— debe comprender que no existen atajos económicos frente a una dictadura criminal. La única ruta sostenible es la transición democrática, el respeto al mandato popular y la reconstrucción de un Estado decente.

Todo lo demás es ilusión. Y Venezuela ya ha pagado demasiado caro por las ilusiones ajenas.