Cuando no hay parte de buena fe

“La tragedia venezolana no es únicamente económica o social; es, ante todo, institucional. Sin autonomía en los poderes públicos no hay República posible. Y sin República, la ley no es más que una herramienta al servicio de quienes la manipulan”.

La existencia de un Estado de Derecho descansa sobre un principio esencial: la autonomía real de los poderes públicos. Sin esa independencia, el sistema institucional se degrada hasta convertirse en una maquinaria de dominación, donde la ley deja de ser garantía para transformarse en instrumento de persecución. Venezuela es hoy un caso paradigmático de esa deriva.

Como advertía Montesquieu, “todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos”. La separación de poderes no es, por tanto, una formalidad organizativa, sino una condición de la libertad política.

El llamado Poder Ciudadano —integrado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General— fue concebido en la Constitución de 1999 como un sistema de equilibrio ético, encargado de prevenir, investigar y sancionar los abusos del poder. Su razón de ser era proteger al ciudadano frente al Estado. Sin embargo, lo que debía ser un muro de contención se convirtió, con el paso del tiempo, en un engranaje funcional al poder político.

La Fiscalía General de la República ilustra con claridad esta degradación institucional. Durante los ciclos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Ministerio Público dejó de actuar como garante de la legalidad para transformarse en un órgano de persecución selectiva. Figuras como Isaías Rodríguez, Luisa Ortega Díaz —designada en 2007— y posteriormente Tarek William Saab, evidencian la politización progresiva del cargo. Desde entonces, el Ministerio Público ha sido señalado por avalar detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y, en general, por actuar como legitimador de prácticas represivas. Investigaciones recientes incluso vinculan su actuación con la persecución de dirigentes políticos y la instrumentalización del sistema penal.

Sin una Fiscalía autónoma, el ciudadano queda desprotegido frente a los abusos de quienes detentan el poder, tal como señalaba Norberto Bobbio**,** “el problema fundamental de los derechos no es justificarlos, sino protegerlos”. En Venezuela, el inconveniente ya no es normativo, sino institucional: existen derechos en el papel, pero no órganos independientes que los hagan efectivos. No hay instancia que investigue los delitos cometidos desde las estructuras gubernamentales ni mecanismo eficaz para sancionar la corrupción o las violaciones de derechos humanos. La justicia, en lugar de equilibrar, se subordina.

Algo similar ocurre con la Defensoría del Pueblo. Lejos de erigirse como la voz de los ciudadanos, esta institución ha sido caracterizada por su silencio frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos. La gestión de funcionarios como Alfredo Ruiz —designado en 2017— ha sido objeto de cuestionamientos precisamente por esa omisión. No se trata simplemente de ineficiencia: es la renuncia deliberada a cumplir su mandato constitucional.

La Contraloría General de la República, por su parte, ha dejado de ejercer su función esencial de control del gasto público. En lugar de investigar la corrupción estructural que ha devastado la economía venezolana, ha sido utilizada como instrumento de persecución política mediante la figura de las inhabilitaciones administrativas. Casos como el nombramiento de Elvis Amoroso en 2018, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, reflejan esta distorsión institucional. Así, el control dejó de ser técnico para convertirse en discrecional, y la transparencia fue sustituida por la opacidad. La corrupción, lejos de ser combatida, ha sido tolerada —cuando no protegida— por los órganos encargados de erradicarla.

Todo ello desemboca en la paradoja más grave: la existencia de un “Poder Moral” en un sistema donde la moral pública ha sido erosionada de forma sistemática. Como advertía Alexis de Tocqueville**,** las instituciones democráticas no pueden sostenerse sin un sustrato ético que las legitime; cuando ese sustrato desaparece, las formas sobreviven, pero el espíritu democrático se extingue.

No es casual que, en este contexto, la credibilidad del Poder Ciudadano haya colapsado. Cuando no hay “parte de buena fe” en el ejercicio del poder —cuando quienes deben garantizar justicia, derechos y transparencia actúan con parcialidad deliberada— el Estado deja de ser un árbitro para convertirse en actor interesado. Ya desde los primeros años del chavismo se advertía que estos órganos actuaban alineados con el Ejecutivo, incumpliendo su deber de control y sanción. Lo que en un inicio fue una señal de alerta se consolidó con el tiempo como una práctica estructural. En ese escenario, el ciudadano no solo pierde protección: pierde la posibilidad misma de reclamar.

La tragedia venezolana no es únicamente económica o social; es, ante todo, institucional. Sin autonomía en los poderes públicos no hay República posible. Y sin República, la ley no es más que una herramienta al servicio de quienes la manipulan.